Tras el anuncio por parte de la Asistencia Pública de Hospitales de París (AP-HP), el pasado 5 de mayo, del establecimiento de una plataforma de detección automática de anomalías cromosómicas fetales (una de las primeras, la trisomía 21, resposanble del síndrome de Down), el día 7 de mayo se ha publicado un Decreto de ámbito nacional por el que se incorpora al Sistema Público francés de Salud un nuevo test de detección prenatal no invasivo a través de analítica de sangre (NIPT, en sus siglas en inglés), con el objetivo de detectar tales anomalías, que no tienen tratamiento en útero.
La Fundación Jéròme Lejeune no puede dejar de lamentar lo que estas dos informaciones ponen de manifiesto: la cerrazón de numerosos responsables del ámbito de la salud y de las políticas aplicadas en Francia desde hace 20 años, que está llevando hoy a la eliminación sistemática y en masa de embriones con síndrome de down antes de su nacimiento.
El argumento torticero de la disminución de las amniocentesisis
Jean-Marie Le Méné, Presidente de la Fundación Jérôme Lejeune en Francia, viene haciendo esta denuncia desde hace meses, en concreto, en su último libro Les premitères victimes du transhumanisme (Las primeras víctimas del transhumanismo, Edition PGdR, 2016).
“Los médicos que se apoyan en el argumento según el cual el nuevo test va a disminuir el número de amniocentesis obedecen a una mera visión de marketing para aumentar las ventas que estigmatiza a las personas con síndrome de Down”, asegura Le Méné. Estos médicos “justifican su petición invocando la disminución de las amniocentesis que, en un determinado porcentaje, pueden provocar la eliminación de niños sin anomalías. Utilizan un argumento eugenésico, que hace una discriminación entre fetos con trisomía 21 y fetos sanos. Valorando la vida de los niños no afectados por la trisomía, protegidos gracias a un test no invasivo, estos médicos niegan el valor de la vida de los niños por la trisomía 21: haciendo esto, activan una discriminación, lanzan un mensaje de rechazo violento hacia las personas con síndrome de Down y hacia su entorno”. Igualmente, la Fundación Jérôme Lejeune cuestiona la credibilidad de un argumento según el cual este test disminuiría el número de fetos sanos eliminados al descender las amniocentesis.
Un decreto precipitado
Desde hace meses, la Fundación Jérôme Lejeune viene alertando a los responsables políticos sobre la urgencia de despertar las conciencias y la necesidad de dar un paso atrás frente a la llegada de la nueva técnica de detección prenatal no invasiva, que no hace sino ofrecer una visión negativa de las personas con discapacidad intelectual, contraria a la realidad.
Lejos de esta actitud, el Gobierno francés ha tomado una decisión precipitada y, a pesar de que el tema es objeto de un intenso debate en varios países del entorno europeo, no ha habido informe previo de la Alta Autoridad de Sanidad francesa ni el debate democrático correspondiente.
Le Méné ha declarado que “un país que elimina en masa a los niños con síndrome de Down antes de su nacimiento (se estima que el 96% de los niños diagnosticados en útero son abortados, sin posibilidad de seguir con vida) debe replantearse colectivamente el fundamento de una propuesta de salud que convierte en mortal una patología que en ningún caso lo es: el síndrome de Down. No es la hora de erradicar mejor, sino de acoger y cuidar más”.
